Empresa Nacional Productora, Industrializadora y Comercializadora de Alimentos.

Por Jacinto Paz.
Publicado en revista Patria y Pueblo.

La expansión mundial del Covid-19 encontró al país sumergido en una profunda crisis económica y social generada durante el gobierno de Mauricio Macri. El escenario ante el avance de la pandemia no podía ser peor: un índice de pobreza superior al 35%, la desocupación trepando al 11%, 20 meses de recesión continua, una inflación por encima del 50% anual, la informalidad laboral arriba del 40% y una deuda externa impagable.
El Presidente Alberto Fernández frente a este contexto y ante la presencia del nuevo coronavirus en el país prorrogó la Emergencia Sanitaria por un año, la Emergencia Alimentaria hasta el 2022 y estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio para evitar la propagación del virus y proteger la salud de la población evitando miles de muertes.
De este modo, el Estado nacional fue recuperando centralidad en lo sanitario, alimenticio pero también en lo económico.
Para paliar los efectos adversos frente a la suspensión de actividades comerciales, industriales y profesionales no esenciales y contener a los sectores de mayor vulnerabilidad social se instrumentaron una batería de medidas económicas y sociales que alcanzan hasta el momento los 2 billones de pesos.
Sin embargo, la inversión realizada para ampliar la capacidad de compra de alimentos no obtuvo los resultados previstos especialmente por los recurrentes aumentos de precios e incluso por el desabastecimiento de artículos cuando se establecieron los precios máximos.
No puede escaparse a la vista que este comportamiento se debe a la alta concentración en la producción, elaboración y comercialización de alimentos.
La empresa Ledesma, por ejemplo, aumentó el precio del azúcar un 60% en cuatro meses abusando de su posición dominante, pues posee 40 mil hectáreas (ha.) de caña de azúcar y procesa 4 millones de toneladas (Tn.) anuales.
En el sector de alimentos y bebidas el 1,5% del total de firmas concentra el 80% de la facturación y el 93% de las exportaciones y solo cuatro empresas producen más del 50% de harina.
Por otra parte, las multinacionales Unilever, Danone, PepsiCo, Kraft Food junto a los hipermercados Carrefour, Jumbo, Walmart, Coto y La Anónima imponen precios y formas de pago a los productores y precios de venta a los consumidores.
La producción primaria no se queda atrás.

Con respecto a la ganadería, en el último lustro para mantener el rodeo nacional la faena de terneras y vaquillonas se mantuvo constante, por tanto, sin una mayor oferta de carne los precios aumentan y el consumo de restringe.
La producción de leche resulta una de las reducciones más alarmantes. Durante el 2003 se produjo 7951 millones de litros y llego alcanzar un pico de producción en 2015 de 12.061 millones reduciéndose en 2019 a 10.300 millones de litros.
El Estado como Productor.
Desde Patria y Pueblo proponemos la creación de una gran Empresa nacional productora, industrializadora, comercializadora y exportadora de alimentos que garantice la soberanía alimentaria del pueblo argentino y se constituya como herramienta fundamental para federalizar el desarrollo industrial.
Procesando las materias primas en origen se generará no sólo desarrollo económico sino social evitando el desarraigo de la población. El Estado Nacional financiará esta empresa de utilidad nacional tal como prevé el artículo 4 de la Constitución Nacional, la integrará como socio mayoritario incluyendo a las provincias y municipios que así lo dispongan.
Pondrá en producción las tierras públicas nacionales, provinciales y municipales aptas para la agricultura y la ganadería potenciando su capacidad con la aplicación de la ciencia y la técnica más los conocimientos acumulados de la población y se incluirá a los trabajadores de los organismos oficiales como el INTI, el INTA, el SENASA, la ANMAT y las universidades nacionales.
Esta empresa requerirá una creciente inversión de capitales para construir canales de riego, electrificación rural, establecimientos industriales como molinos, arroceros, yerbateros, harineros, tambos y usinas lácteas. Integrará a los pequeños y medianos productores, a la agricultura familiar y cooperativista garantizándoles un precio justo por su producción.
Y se constituirá como proveedora de los alimentos que el Estado requiera.
Dará prioridad a la industria nacional como proveedora de la maquinaria agrícola y en la modernización de establecimientos industriales que se asocien y de los nuevos a construirse.
Esto será el primer paso para terminar con el saqueo al pueblo argentino.
En junio de 2010 sosteníamos que el Bicentenario exigía que nuestro pueblo completara la Revolución de Mayo creando una “Corporación de Empresas Agropecuarias y Agroindustriales del Estado”. El caso Vicentin revela hasta dónde está vigente esa propuesta.
Nuestro país destina 40 millones de hectáreas (ha) para producir granos, cereales y oleaginosas. La cosecha 2019-2020 fue de 150 millones de toneladas (Tn.
Gran parte de los granos y derivados (aceites, harinas, etc.) se exportan desde los puertos privatizados por el menemismo, antecedente inmediato del macrismo.
Puertos como el de Rosario, San Lorenzo, San Martin, sobre la Hidrovía Paraná, y propiedad de privatizadas nacionales (AGD, Vicentin, o CA) y multinacionales (Cargill, Bunge, Dreyfus, COFCO, Glencore, Nidera, ADM) declararon en 2018 que habían exportado 69,2 millones de toneladas, y declararon ganancias conjuntas de u$s 9.000 millones.
En la década del 90 se dio la llamada “revolución verde” con la implantación creciente de soja transgénica en un paquete que incluía también la aplicación de herbicidas basados en el glifosato.
Si bien la productividad del suelo aumentó, el descuido del recurso y el carácter minero de las grandes explotaciones los empobrece muchas veces en nutrientes, y la aplicación desregulada de agroquímicos contamina tanto a las superficies como a quienes viven en ellas (incluidos hasta barrios periféricos de la ciudad de Córdoba). La reposición de fertilidad es insuficiente. El récord histórico de 4,6 millones de t de fertilizantes de 2019 apenas si cubre un 48% de lo necesario.
Las grandes extensiones requeridas hacen que los propietarios de pequeñas y medianas parcelas prefieran no trabajar en ellas sino alquilárselas a grandes inversores (“pools” de siembra). Las labores agrícolas, a su vez, las llevan a cabo contratistas itinerantes, que van recorriendo la región pampeana en caravanas trashumantes al ritmo de las necesidades de siembra, cuidado y cosecha.
Pero la mayor parte de las tierras, sin dejar de estar integrada a este circuito, está en manos, mayoritariamente, de alrededor de 2.000 familias que a su vez integran el negocio especulativo y comercial de los consorcios y pools, dedican buena parte de su capital a la timba financiera, y no dejan de tener parte de las agroexportadoras locales. La renta total se concentra y abastece ante todo al núcleo central de la oligarquía nativa que tiene la supremacía económica social y política de la Argentina.
Es el poder de esa oligarquía, entreverada también con los grandes bancos y las financieras que operan en el país, la que impide realizar en el sector agropecuario pampeano las transformaciones necesarias en beneficio de la nación y el pueblo argentino.
Como vemos en el caso de Vicentin, ni siquiera en presencia de un escandaloso fraude contra el patrimonio de miles de privados y de los grandes bancos estatales dejan de poner trabas gobernadores, diputados y senadores provinciales y nacionales.
Son verdaderos encubridores del negocio privado, que en última instancia consiste en aprovechar la gran fertilidad natural de la tierra pampeana y su proximidad a los puertos para adquirir dólares. La revolución verde, en estas manos, es simplemente revolución verde dólar.
Las grandes empresas privadas practican y alientan el comportamiento rentístico, la sobre y subfacturación, la falsa exportación por Uruguay o Paraguay, la evasión, elusión y fuga de capitales, y múltiples funcionarios (especialmente a partir del sórdido cuatrienio macrista) trabajan más para ellos que para el país.
Esta oligarquía y las grandes empresas tienen en propiedad casi exclusiva la renta agraria del principal producto exportable del país, la masa de capitales que resulta del trabajo argentino y de la fertilidad de sus praderas. La capturan y la envían a guaridas fiscales, debilitan las cuentas nacionales y extorsionan permanentemente a las autoridades nacionales, provinciales y municipales de toda nuestra patria.
Lo muestran los más de 100 mil millones de dólares blanqueados durante el gobierno de Macri y que siguen en paraísos fiscales.
Además, como si fuera poco saqueo, el pueblo argentino paga sus alimentos a valor dólar, y eso los hace inalcanzables para miles de familias sumidas en la pobreza que hoy alcanza al 40% de la población.
Necesitamos urgentemente una herramienta que, en manos del Estado nacional, desarrolle la región pampeana y las demás regiones del país, industrializando la producción in situ, y que empiece a capitalizarlo con producción estatal en todos los rubros del negocio agropecuario, así como en el manejo de los puertos, que necesitamos reincorporar al patrimonio estatal para asegurarnos la adecuada percepción de los aranceles aduaneros correspondientes.
De crearse esta gran empresa agropecuaria estatal, se rompería el monopolio de la generación de trabajo, hoy en manos del sector privado. Y también el manejo del mercado externo y su consecuencia: la desestabilización cambiaria permanente.
La empresa nacional productora de alimentos no tendría por objeto la rentabilidad sino el beneficio de los productores y consumidores con una reinversión permanente de utilidades para quitarle definitivamente la fuente del poder a los sectores hoy dominantes de la Argentina.
En su composición societaria tendrán lugar preferencial los pequeños y medianos propietarios de tierras con vocación productiva, lo harán los trabajadores en los términos (nunca cumplidos) del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y las provincias que se incorporen. En esta gran empresa tendrán su lugar también representantes de los ministerios y organismos técnico-científicos del Estado, que intervendrán en la investigación, el apoyo técnico y control de la sanidad de la producción agroindustrial.
Todo este conjunto, armónicamente, integrará la conducción de una empresa donde el estado nacional tendrá la mayoría accionaria para asegurarse la dirección política estratégica de la misma y ser el eje de una corporación de empresas alimentarias actuales o futuras que deseen integrarse a la misma.