Las trabajadoras y trabajadores de las telecomunicaciones /tics frente al DNU 690/20. Nuestra posición:
Los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones/Tics que conforman la Mesa de la Unidad Sindical (MUS) integrada por los gremios Fattel, Foeesitra, Cepetel y Fommtra valoramos el decreto presidencial 690 / 20 que establece el carácter de servicio público para nuestro sector entendiendo que es un paso hacia la regulación del sector y sienta las bases para la discusión de una ley integral de las telecomunicaciones/tics., que establezca la política nacional para nuestro sector, que busque la inclusión de todas y todos los argentinos, en la modernización permanente y despliegue de infraestructura y servicios en todo el territorio nacional, y la máxima calidad de servicio con precios justos y razonables, estableciendo el acceso de todas y todos sin diferencias sociales o económicas a través de la prestación básica universal obligatoria en condiciones de igualdad.
En materia de regulación el sector está regido por diversas leyes producto de distintos tiempos y situaciones, hay innumerables leyes, decretos y resoluciones de carácter general que se mantienen vigentes desde 1972 hasta la fecha, en muchos casos con contradicciones y derogaciones implícitas por lo que esta iniciativa del poder ejecutivo debe ser el comienzo de una nueva normativa que contenga una visión social y nacional, contemplando La necesidades de inversión, innovación permanente, estableciendo la incorporación al sector de las empresas de plataformas digitales al régimen jurídico e impositivo argentino.
En el marco de la Pandemia nunca antes se había valorado Internet como en este momento. Salud, Educación, trabajo y entretenimiento se han podido desarrollar en esta nueva y dolorosa realidad gracias a las redes de telecomunicaciones.
Es por esto que debemos asegurar que internet sea gratis para Escuelas y Hospitales públicos a través del fondo fiduciario del servicio universal de las telecomunicaciones. Y garantizar una tarifa social básica accesible para toda la población con un ancho de banda definido, estableciendo una clara segmentación de las mismas para no subvencionar a los que no lo necesitan.
La Red federal de fibra óptica de la empresa estatal ARSAT fue una iniciativa de los gremios de las telecomunicaciones /tics que desplego una red troncal de fibra óptica de 32.000 km que atraviesa nuestro país y que debe servir para conectar a las localidades que hoy no acceden a este derecho fundamental tal como lo indica el Decreto Presidencial.
Esta red es la plataforma para el desarrollo de nuevos servicios para nuestra nación. Como educación, teletrabajo, bibliotecas virtuales, telemedicina, vigilancia electrónica, seguimiento de las condiciones del suelo para la agricultura y la ganadería en la llamada trazabilidad satelital y el desarrollo económico regional que produzca nuevos empleos y nuevas actividades.
La complejidad de las redes y su constante actualización necesita de un marco legal para que nos permita superar por un lado el irracional y antieconómico modelo de superposición de infraestructuras, donde la pelea se concentra en las áreas rentables y trae como consecuencia la desprotección de las que no lo son.
Por otro lado, este marco legal integral debería impulsar la modernización permanente del sector sobre todo ahora que los servicios móviles de última generación 5g y la Big Data parecen ser el inicio de un gran cambio en el paradigma de las telecomunicaciones.
La regulación debe ser un marco para que la inversión y la inclusión social y tecnológica no vayan por caminos separados. Estamos en un mundo que demanda una inclusión digital para que las diferencias sociales no se agudicen aún más en un marco de concentración económica y de desigualdad social.
Sostenemos la necesidad de nuestra participación real y efectiva con presencia en los entes, consejos, comisiones y cualquier otro ámbito en el que se diseñan políticas públicas para el sector, del que somos protagonistas.
Los gremios de las telecomunicaciones /Tics estamos trabajando para que el sector no quede solo regido por las leyes del mercado sino con el objetivo de garantizar el derecho universal de acceso a la información y las comunicaciones, el desarrollo de la industria y el crecimiento del país.
