En 1948, Eva Perón proclamó en Argentina los Derechos de la Ancianidad, y ese mismo año la delegación argentina los presentó ante la ONU. Su concepción era inequívoca: no se trataba de filantropía, caridad ni limosna, sino de estrictamente justicia.
Casi siete décadas después, ese principio alcanzó su expresión jurídica regional. Argentina fue impulsor clave de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores: participó en su gestación y redacción, y la firmó de manera inmediata tras su aprobación por la OEA en 2015. Fue incorporada al ordenamiento nacional por la Ley 27.360 y, desde 2022, goza de jerarquía constitucional (Ley 27.700).
Hoy, además, el país encabeza los esfuerzos diplomáticos para lograr una convención universal en el ámbito de la ONU.
La Convención reconoce a las personas mayores como sujetos plenos de derechos: igualdad y no discriminación por edad, independencia, autonomía, participación y dignidad, y acceso en igualdad de condiciones a la salud, la seguridad social, la vivienda y la justicia.
Ese rango constitucional obliga a toda la estructura del Estado a priorizar las necesidades de las personas mayores y a garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos, tanto en la legislación como en las políticas públicas y en las decisiones judiciales.
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